ANÁLISIS | LAS MEDIDAS DEL MINISTERIO PARA AGRICULTURA PRIVILEGIAN A LAS GRANDES EXPLOTACIONES

Patada a seguir en política agraria

El autor, miembro de Ecologistas en Acción, analiza las propuestas de Arias Cañete para el sector agrícola y su compatibilidad con las políticas europeas.

Abel Esteban

Jueves 23 de febrero de 2012. Periódico Diagonal  Número 168

Al igual que el resto de ministros del nuevo gobierno, Cañete situó la recuperación económica y el crecimiento en el centro de su gestión, indicando la necesidad de racionalizar y clarificar la política medioambiental para que ésta no suponga un obstáculo a dicha recuperación. Tratándose del Ministro de Medio Ambiente, este planteamiento de partida resulta preocupante. En primer lugar, porque obvia la incompatibilidad entre el crecimiento económico ilimitado con los límites físicos del planeta, más que evidentes si pensamos en el agotamiento del petróleo y otras materias primas básicas para la economía, o la saturación de sumideros como la atmósfera (que da lugar a, entre otros, el cambio climático). No tenemos planeta B.

En segundo lugar, el Ministro podría dar a entender que la política y normativa medioambiental –una de las grandes olvidadas ya en los últimos años del Gobierno anterior– suponen un obstáculo para la recuperación económica, obviando que precisamente las crisis económica y financiera tienen su origen en procesos como la especulación financiera, la destrucción del territorio o el fomento del consumismo, fenómenos todos ellos insostenibles en lo social, económico y ambiental. En lugar de aprender de los errores del pasado y apostar por una recuperación económica que parta de las capacidades (y límites) de los ecosistemas para impulsar actividades productivas, formas de organización social o modelos de consumo realmente sostenibles, el Gobierno parece decidido a retomar las políticas suicidas que nos han traído al atolladero actual.

Algo parecido podemos vislumbrar en las propuestas relacionadas con la agricultura, la ganadería o la transformación y distribución alimentaria. Para el ministro el predominio de explotaciones agropecuarias de reducida dimensión en el Estado español es un problema, y muchas de sus propuestas van dirigidas al incremento de superficie, tecnificación, concentración de la oferta, etc. En resumen, propuestas que promueven la industrialización y capitalización de las pequeñas y medianas explotaciones, aquellas con mayor capacidad de generación de empleo, aprovechamiento de los recursos locales o dinamización del medio rural. El ministro obvia de nuevo cómo precisamente la apuesta por la industrialización de la agricultura impulsada desde la UE –a través de la Política Agraria Común– (PAC) y asumida por el Estado es la responsable del cierre de explotaciones (1.330.000, el 58% de las existentes, desde 1986) y de la destrucción de empleos agrícolas (924.000, el 50%, en el mismo periodo). Podemos prever el resultado de las (no tan) nuevas propuestas: más crisis para el sector productor y más concentración de los beneficios que genera el sector agroalimentario en las grandes explotaciones, la agroindustria y la gran distribución.

Mientras que la formulación de algunas de las propuestas habla de reforzar la posición (y las rentas) precisamente del sector productor, el análisis detallado de las medidas nos hace pensar en precisamente lo contrario. Algunos ejemplos; se habla de la “promoción y consolidación de las organizaciones interprofesionales”, que algunos sindicatos agrarios denuncian por sustraer poder de negociación a las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) a favor del sector transformador y de la todopoderosa gran distribución (Mercadona, Carrefour, grupo IFA, etc.) El “plan estra- tégico de diversificación de la actividad económica en el medio rural”, en la práctica, supone seguir desagrarizando el campo. Se apuesta por “facilitar a las empresas agroindustriales el acceso a los mercados internacionales”, en detrimento de la pequeña y mediana producción, sea autóctona o de los países receptores de nuestras exportaciones.

Además, la ampliación de los seguros agrarios se traduce en la transferencia de (más) fondos públicos al sector financiero, en este caso aseguradoras, en lugar de fomentar la transición hacia formas de producción menos vulnerables a fenómenos imprevisibles y adaptativas a por ejemplo, los efectos del cambio climático.

Todas estas medidas parecen acordes a las propuestas de la Comisión Europea para la nueva PAC que entrará en vigor en 2014, de la que dependerá buena parte del futuro de la agricultura europea, y que será otra de las prioridades del nuevo ministro.

Si bien otras medidas, únicamente formuladas (y a la espera de conocer cómo se desarrollarían) podrían tener algunos efectos favorables para una producción agrícola socialmente más justa y ecológicamente más sostenible, hay algunas grandes olvidadas entre las propuestas de Arias Cañete. Sería el caso de mecanismos de control de precios, que garanticen rentas dignas a los productores, y por lo tanto, reducir el gasto de fondos públicos en ayudas a productores. Otro punto importante debe ser el fomento de la producción ecológica, principalmente aquella dirigida a los mercados locales y regionales, con gran potencial para generar empleo y dinamizar las economías rurales; los canales cortos de comercialización; el fomento de la ganadería extensiva; o la moratoria a la producción o importación de cultivos transgénicos, que cada vez más Estados europeos están asumiendo. En definitiva, la apuesta por la soberanía alimentaria como política rectora de nuestra alimentación y por la agroecología como herramienta para el aprovechamiento sostenible de los recursos.